PRIVATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Cuando se oye hablar de este asunto, se confunde a veces deliberadamente la eliminación de un servicio público, con el debate sobre si el suministro de ese mismo servicio ha de ser desde un organismo privado o un organismo estatal. En general, todos los políticos prefieren crear empresas estatales para suministrar servicios, ya que eso aumenta su influencia.

Nuestros impuestos, que pagamos con amplitud y generosidad al estado, nos dan derecho a una compensación en algunos aspectos muy importantes de nuestra vida, a la que no estamos dispuestos a renunciar. Pero una cosa es que el estado nos preste esos servicios y otra muy distinta es, como lo haga.

En primer lugar hemos de aclarar que el estado central, el autonómico o el local, deciden cada año la parte que se nos devolverá en forma de Servicios Públicos y cuanto se dedicará a cada apartado. Hemos de tener en cuenta que una parte del gasto del estado se dedica a devolución o amortización de deudas internas y externas, ayudas a terceros, etc. Pero el resto nos revierte en forma de servicio público. Podemos entender que el propio gobierno, la justicia o el ejército son servicios públicos que recibimos los ciudadanos.

Para dar estos servicios al ciudadano, los estados en general hacen distinción en cinco categorías:

- Servicios Dinerarios: Pensiones, Ayudas, Subvenciones, que recibimos en forma de cheque.
- Entidades Públicas: Cuya actividad básica es realizada por funcionarios.
- Personal Contratado: Por Entidades Públicas. No son Funcionarios.
- Empresas Públicas: Dirigidas por funcionarios, pero cuya actividad es realizada por personal contratado.
- Empresas Privadas: Donde toda su actividad es privada.

Empresas Privadas: Hoy día parece que admitimos que gran parte del gasto de los estados nos sea suministrado por empresas privadas aunque se elude su mención desde nuestra querida clase política. El mayor elemento del gasto público y por tanto de los servicios públicos en general es de infraestructuras públicas. La construcción de carreteras, puertos, aeropuertos, edificios públicos, universidades, parques, vías férreas, red eléctrica etc y todo su mantenimiento, construcción y manutención de material militar, policía, etc. sus actividades complementarias como la limpieza, seguridad, suministro de material auxiliar, alimentación etc. constituyen una gran parte del presupuesto del estado de cada año que es proporcionado por empresas privadas. Se contrata desde ayuntamientos, comunidades o gobierno central, pero se suministra desde empresas privadas.

Empresas Públicas: Otra cosa muy distinta es que es cierto, que toda esta actividad podría ser proporcionada por empresas públicas y hay quién defiende esta posición. El argumento de base es que las empresas públicas no tienen beneficio comercial y por tanto debieran ser menos costosas para el ciudadano. Por el contrario al actuar prácticamente en régimen de monopolio y no tener competencia su ineficiencia hace que sea irrelevante la consideración de los beneficios comerciales. Desde los primeros gobiernos de Felipe González, se comenzó el desmantelamiento de empresas públicas, lo que era entonces el Instituto Nacional de Industria, con muy buenos resultados. El gobierno central vendió a veces a buenos precios empresas navales, aeronáuticas, mineras, constructoras, eléctricas, de transporte etc… y a día de hoy solo quedan algunos restos que van a ser difícilmente privatizables, como la gestión de aeropuertos secundarios y algunas otras actividades.

La cruz de este proceso de privatización del sector público dependiente del estado central la tienen hoy en día las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que han venido generando empresas públicas locales a un ritmo tres veces superior al de desmantelamiento central alcanzando en número más de 1800 empresas. Así a día de hoy las empresas públicas en España representan el triple en volumen económico de lo que había en 1982.

Personal Contratado: Existe gran cantidad de personal contratado por las entidades públicas que no son funcionarios. En la mente colectiva los asimilamos a una categoría menor de funcionarios porque al fin y al cabo trabajan directamente a las órdenes de entidades públicas y a cargo directo de funcionarios. En realidad tienen un estatus social muy particular porque están muy sindicalizados, cobran salarios muy bajos pero tienen convenios prácticamente blindados.

Entidades Públicas: Son realmente empresas donde el carácter económico tiene un papel secundario porque sus objetivos más relevantes no están relacionados con esto. Pueden optar por realizar la totalidad de su actividad con Funcionarios, también llamados en el mundo anglosajón Servidores Públicos, o contratar una parte de ellas a personal contratado, a empresas públicas o a empresas privadas. La propia Presidencia del Ejecutivo es una Entidad Pública con sus funcionarios y su personal contratado, que además tiene contratadas a otras empresas privadas para cubrir aspectos como jardinería, limpieza y otros. Hasta donde alcancen las tareas que se encomiendan a funcionarios y las que se derivan a personal contratado, empresas públicas o a empresas privadas es algo que depende de las políticas de cada gobierno. Podrían y deberían ser una minoría de personas que contratan la mayoría de los servicios públicos que tienen bajo su área, sin embargo la realidad nos dice que tienden a crecer sin control por unas razones o por otras. En España, desde que comenzó el proceso de transferencia de competencias del estado central a las autonomías, el número de funcionarios se ha multiplicado prácticamente por cinco.

Servicios Dinerarios: Parte de los servicios públicos los recibimos directamente en dinero. Las pensiones de jubilación, la prestación por desempleo, por enfermedad, las ayudas a la invalidez total o parcial y una no demasiado extensa lista de prestaciones las recibimos en forma de cheque. Esta práctica debiera estar mucho más extendida.


Una vez revisada esta lista anterior, en lo que debemos pensar es en lo que es estrictamente necesario que esté gestionado por funcionarios. Parece evidente que las tareas más directamente relacionadas con el poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y sus derivadas más inmediatas como la Asuntos Exteriores, Hacienda Pública, la Policía y el Ejército pueden tener un grado relativamente alto de funcionarios en su nómina.

La razón para que una tarea sea realizada por un servidor público estaría relacionada únicamente a condiciones especiales de Especialización, Confidencialidad o Dedicación. A partir de estos, cada vez es menos evidente que existan muchas tareas que requieran el servicio de un funcionario.

Todos los servicios relacionados con la Industria, la Agricultura, la Pesca, la Alimentación, el Turismo, los Servicios Sociales, la Educación, la Sanidad, las Infraestructuras, la Economía, las Administraciones Públicas, la Ciencia y Tecnología, el Medio Ambiente y tantas otras actividades, podrían no estar ni siquiera encuadradas como servicios públicos, pero aunque lo estuvieran no debieran precisar para su correcta ejecución más que un porcentaje minúsculo de funcionarios para su gestión.

La fórmula por la que debiéramos decantarnos los ciudadanos como aquella más directamente controlable por nosotros es la de la recepción de los servicios públicos en forma de Servicios Dinerarios.
En algunas comunidades autónomas, han decidido prestar de este modo la mayoría de los servicios a que da derecho la Ley de Dependencia, dejando a los ciudadanos la elección del modo y tiempo en que aplican esa ayuda el gobierno local te asigna una cantidad económica y cada cual se busca la Residencia, el Centro de Día o el Asistente que necesita. En otros, como en la Comunidad de Madrid, cuando se solicita dicha ayuda, te responden con un Centro de Día, una Residencia y un Asistente Social además de una interminable lista de condiciones y limitaciones horarias. Del mismo modo podríamos recibir el Cheque Escolar, el Cheque Sanitario el Cheque Universitario.

Ese temor reverencial al que nos abocan nuestros políticos sobre la necesidad de recibir los servicios esenciales de un funcionario está totalmente injustificado, de lo contrario los aviones y los pilotos en los que depositamos nuestra vida muy a menudo serían fabricados, dirigidos y gestionados por funcionarios. Los coches se fabricarían en empresas exclusivamente estatales, no digamos de los fármacos, y un largo etc. Sin embargo no es así y han llegado hasta ahí solo por razones históricas o de conveniencia, nunca de lógica.

La privatización de los servicios públicos no es quitárselos a los funcionarios para dárselo a empresas privadas, sino que consiste en ponerlos en nuestras propias manos. No necesitamos políticos intermediarios que en el mejor de los casos nunca gestionarán nuestro interés tan bien como nosotros mismos y en el peor, se subirán los salarios a nuestra cuenta, o presos de algún tipo de corrupción, se abrirán suculentas cuentas corrientes también a nuestra cuenta.