Originada dentro del movimiento socialista como alternativa reformista a la revolucionaria toma del poder que propugna Lenin, para imponer la dictadura del proletariado, la Socialdemocracia llama al Estado o a organizaciones patrocinadas por el Estado, a impulsar políticas que hagan desaparecer las desigualdades causadas por el capitalismo y el mercado en general. Introduce como valor prioritario la Justicia Social, a la cual se subordinan pues, el resto de elementos.
Estas dos claves, Justicia Social y Estado Planificador se presentan junto a otros elementos que actúan como legitimadores de su existencia basados de nuevo en asignar el origen del poder al pueblo. Estos son el sufragio universal, y otras elegantes fórmulas de impulso de la democracia directa y participativa para compensar los defectos de la democracia representativa.
El relativo éxito obtenido por la socialdemocracia durante unos años en países del norte de Europa no justifica desde luego, la deriva tomada por sus vecinos y es más realista pensar que anteponer un fin difuso como la Justicia Social a cualquier otro argumento y elevar el Estado a la categoría de Todopoderoso, es todo lo que un político profesional pudiera desear.
La lógica de este entramado es diabólicamente magistral. La definición de la Justicia Social, de la lucha contra la pobreza y las desigualdades como fin último es tan indeterminada, que se requiere de un estado administrador de políticas que conduzcan a este fin. El individuo por si mismo es incapaz de desarrollar estas conductas pero aunque lo fuera, dado que el fin es tan lejano y utópico, nunca podríamos asegurar que se está haciendo todo lo posible, sin no le asignamos tan titánica tarea a un superorganismo como es el moderno concepto de Estado.
Así, a través del noble fin, llegamos a la necesidad imperiosa del Estado Administrador, al tiempo que hemos sustituido el Estado de Derecho, por el Estado de la Justicia Social, donde la observancia de la ley es solo un parámetro a tener en cuenta, siendo sin embargo imperativa la protección de los intereses de la comunidad que será en cada caso determinada por las autoridades. Hemos sustituido el clásico latino “nulla poena sine lege (no hay castigo sin ley)” por el principio estatista de “nullum crimen sine poena (ningún crimen sin castigo)”.
Si observamos atentamente, nada nos indica ni nos garantiza que el Estado sea eficiente en la lucha contra la pobreza, pero sin embargo sí que le hemos otorgado en este paso, la facultad de limitar nuestras libertades económicas o políticas con tal de que haga justicia. El Estado así nacido tendrá la facultad de intervenir en la propiedad de los ciudadanos todo lo que sea necesario al tiempo que podrá deprimir y reprimir cualquiera del resto de nuestros derechos.
Si alguien piensa que el estado no interviene en su propiedad, que mire con qué facilidad nos extraen el IRPF, el IVA o el Impuesto especial sobre Carburantes.
Libre para controlar e influir en los medios de comunicación, el estado social convierte al ciudadano en un ser despolitizado y no crítico, cuya única meta vital es recibir más y más de ese estado del que depende y sin el cual siente un vértigo aterrador. El Estado del Bienestar, estado paternalista y que tutela a sus miembros, aborrece al individuo libre e independiente y necesita urgentemente desplazar a la religión, porque él mismo se ha convertido en una creencia que es capaz de impartir la “Seguridad Total” a cambio de la devoción absoluta de sus devotos.
"Aquellos que pueden dejar la libertad esencial por obtener un poco de seguridad temporal, no merecen, ni libertad, ni seguridad". Eso decía al menos Benjamin Franklin.
La sociedad pierde vitalidad, pero a cambio se reducen los conflictos. El precio a pagar son enormes aparatos burocráticos y una ideología uniforme bajo el mando en régimen de monopolio de un poder centralizado.
Para mantener la idea de influencia de sus acólitos, la democracia social impulsa los procesos participativos. Nos suenan los Defensores del Pueblo, El Consejo Económico y Social, El Consejo de Estado, los procesos de consenso de Patronales y Sindicatos, los llamados Agentes Sociales y otras tantas instituciones o semi-instituciones que no son más que cortinas de humo, donde las personas simples no participan en absoluto, pero dan apariencia de procesos democráticos. De ahí que la Partitocracia, que es la fórmula en la que vivimos, a pesar de ser una forma aristocrática y oligárquica de gobierno conserva su buen nombre.
Europa entera ha sido ganada por la socialdemocracia y plagada de carísimas e inútiles instituciones como el Parlamento Europeo, sin competencia alguna de hecho, donde el nombre de la democracia solo sirve para alejar cada día más al simple ciudadano, de la facultad de desalojar a un solo político de su poltrona. Eso es, queramos o no vivir en una tiranía. Esto es más evidente en países como España, donde la separación de poderes es absolutamente inexistente, las listas cerradas un aliciente a la dictadura del líder del partido y al olvido de los votantes, donde desde Fernando VII a Primo de Rivera, pasando por Franco, los españoles hemos sido educados en la servidumbre y la genuflexión al estado. El trabajo ya estaba hecho.
Si no somos capaces de ver ese gobierno despótico bajo el manto consolador de la palabra “democracia” o nos consuela el hecho de no ser dirigidos por uno, sino por cientos de tiranos, la enfermedad puede ser grave.
Sin embargo la medicina es barata y simple. Basta con que miremos cada día con recelo a aquellos que nos administran y aprendamos a descubrir sus propios intereses bajo su bonito discurso sobre nuestro bien común.
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